2019: Economía regida por la mano visible de los empresarios

¿Qué quiere hacer Lenin Moreno como presidente, además de mantenerse en el poder?. Al parecer, nada. Permanecer en el poder se ha convertido en casi el único juego que es posible jugar en Carondelet, aunque se le escapen exabruptos: “no sé el momento en que termine esto para largarme”.

Un gobierno cuyo objetivo central es mantenerse en el poder carece de horizonte. De igual manera, renuncia a las transformaciones que demanda la sociedad y se limita a administrar los intereses del poder económico. Así lo confirman las decisiones presidenciales al iniciar el año 2019. Tanto la selección del Vicepresidente como las medidas económicas muestran la mano, cada vez menos invisible, de las cámaras empresariales y de los grandes grupos de poder económico del país.

Al decir del editor económico del diario El Comercio, el gobierno cuenta con un “frente económico con visión empresarial”. Y en la “visión empresarial”, la crisis económica del país se reduce al “déficit fiscal” y la “austeridad”. Y cuando hablan de “austeridad” no están interesados en superar la crisis y reactivar la economía sino en sacar ventaja de ella: que a los empresarios les reduzcan o les devuelvan impuestos, les permitan pagar salarios más bajos, despedir sin costo a los trabajadores y contar con energía barata.

Los déficit, fiscal y de balanza de pagos, que periódicamente afectan a la economía nacional tienen un origen estructural: el carácter monoproductor y exportador de la economía. Si baja el precio de los productos de exportación se reduce los ingresos del fisco y aparece el riesgo de los desequilibrios, los mismos que, además de poder preverse podrían contrarrestarse en sus efectos negativos con una gestión gubernamental que anteponga el interés general de la sociedad. Sin embargo, la política en general y la económica en particular son una cuestión de fuerzas, y como ha sucedido ayer y hoy, la fuerza la tiene el poder económico que, cuando se presenta la crisis, lo que le interesa es preservar sus ganancias y pasar el costo a la población.

Una política anticrisis que considere la raíz del problema y tenga visión estratégica, de largo plazo, lo primero que debe proponerse es cambiar el modelo primitivo de acumulación de capital agro-minero- exportador y dependiente, administrado por una élite rentista incapaz de reinvertir sus utilidades para dar sustentabilidad a sus negocios con innovación tecnológica y organizativa; el cuidado de la naturaleza y el ambiente, mejoras continuas en la calidad del producto y adecuadas estrategias de comercialización en el mercado mundial, en su lugar, prefiere lo más fácil: ganar competitividad pagando bajos salarios, la evasión/elusión tributaria, la devolución de impuestos, la condonación de deudas, el subsidio a la energía, los contratos con el estado, la especulación, etc., ad nauseam.

La gestión de la economía con “visión empresarial”, además de su carácter antisocial, se devela como negligente e irresponsable. Eso lo demuestra, en primer lugar, la elaboración del Presupuesto General del Estado, devuelto por la desprestigiada Asamblea y que entró en vigencia por el ministerio de la ley.

En segundo lugar, contra toda lógica, en lugar de compensar la disminución de ingresos por la baja del precio del petróleo cobrando el dinero que le deben los grandes grupos económicos por deudas tributarias (más de 2.000 millones dólares en firme) resuelve perdonarles las multas e intereses; en lugar de reducir el gasto improductivo, reduce la inversión social en infraestructura, salud y educación. En lugar de disminuir los egresos por concepto del servicio de la deuda externa, renegociando tasas y plazo, decide contratar más deuda. Y por último, para reducir la relación déficit fiscal/PIB incrementa imaginariamente el producto interno bruto.

En tercer lugar, se anuncia la reducción de subsidios a la gasolina extra y al diésel, y se crean nuevos –y obscenos- subsidios a favor de los monopolios del transporte y los exportadores de productos acuícolas que -como se dijo antes- seguirán exportando subsidios, bajos salarios y contaminación ambiental. En efecto, el Estado promueve la competitividad espuria en lugar de la competitividad dinámica.

En estas condiciones, la “Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversión, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal” producirá resultados contrarios a los que anuncia su pomposo nombre; no solo porque las medidas económicas, la incertidumbre y las previsibles maniobras especulativas afectaran el poder compra de la población e incidirán negativamente en la demanda interna, sino también porque las previsiones para la economía mundial. En el 2019, anuncian desaceleración y riesgo de una crisis financiera más profunda que la del 2008, que no favorecen, precisamente, el incremento de las exportaciones ni la obtención de financiamiento que requiere con urgencia la economía ecuatoriana.

Tiempos interesantes que anuncian la reaparición de movilizaciones sociales pero que, lamentablemente, hay que decirlo, corren el riesgo de frustrarse por el efecto distractor y las oportunidades de “empleo” que suponen las elecciones seccionales y las “empresas electorales” financiadas por los contratistas de obras de los gobiernos locales. (Recordar a ODEBRECHT!). Período de auge de la “economía subterránea” que no aparece en las cuentas nacionales, ni le llega la mano del consejo electoral, ni de la fiscalía, ni de la UAFE.