Mantener la lucha contra las privatizaciones ...
La jornada de protesta contra el paquetazo económico y las privatizaciones fue una demostración clara del descontento que existe entre los trabajadores y el pueblo por la política económica del Gobierno. Fue un buen inicio para una lucha que deberá mantenerse por algún tiempo y manifestarse por distintas vías y formas para hacer frente al programa neoliberal que ha empezado a ejecutarse. Es un combate que enfrenta tanto a los grandes grupos empresariales que quieren apropiarse de empresas estatales que generan enormes utilidades, y al gobierno que está dispuesto a entregarlas aunque no tiene derecho para hacerlo.
Estos propósitos privatizadores responden a un plan concebido por Alianza PAIS cuando Rafael Correa se encontraba en la presidencia de la República. En el Código Orgánico de la Producción estableció lo que denominaron “modalidades para la delegación a la iniciativa privada, a la concesión, asociación, alianza”, etc. y, en agosto de 2016 emitió el decreto 1174 para “regular los procedimientos para hacer líquidas las inversiones del Estado en empresas y bienes públicos”. Inmediatamente, el 26 de agosto del 2016, Correa anunció que concesionará (léase privatizará) por 30 años la central hidroeléctrica Sopladora, inaugurada una semana antes. Anunció que igual camino correría Tame, Banco Pacífico, Flopec, entre otras empresas. El Puerto Bolívar se entregó a una empresa turca. Moreno va por la senda marcada por Correa.
La burguesía aplaude las decisiones económicas del Gobierno… y también las critica; sus reclamos se debe a que quieren “menos gradualismo” y medidas más duras y rápidas. Les parece poco adueñarse de la estatal de telecomunicaciones CNT, quieren el sector eléctrico y que toda la atención médica que brinda el IESS pase al sector privado. Van al asalto de todo.
Se vuelve a escuchar como argumento que el Estado es mal administrador, pero resulta que la mayoría de empresas estatales han sido administradas por elementos provenientes de la empresa privada, que han trabajado en contra de la eficiencia de éstas. Son ellos los responsables de la ineficiencia y corrupción.
La Constitución prohíbe que los sectores estratégicos de la economía se encuentren en manos privadas, pero aún así los privatizadores quieren apropiarse de empresas que, al fin y al cabo, pertenecen al pueblo.
Que sea éste quien decida, a través de una consulta popular, el destino de esas empresas.
http://www.pcmle.org/EM/spip.php?article9523
