Entre el santanderismo y la perfidia al Acuerdo de Paz
Hace un par de noches, mientras esperaba mi turno para recibir el cambio en la tienda ubicada a pocos metros de mi casa, los 3 o 4 vecinos que estábamos allí congregados comprando la leche y los huevos para el desayuno, observábamos el televisor que trasmitía el noticiero de la noche. Después de la noticia sobre la posibilidad de envío de tropas a Colombia por parte del presidente Trump, el anuncio siguiente fue la muy probable objeción del presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP.
Cuando la señora tendera entregó el cambio a una vecina, a través de una pequeña reja que la separa de los peligros externos, ella lo recibió y al girar su cuerpo, en vez de responder con un hasta luego, o un buenas noches, solo atinó a refunfuñar: ¿En serio van a acabar con la paz de este país? Tras un suspiro y ante el silencio sepulcral de los presentes, se retiró lentamente, con su bolsa y un par de monedas en la mano.
La verdad es que hoy no hay salón de reuniones, café, aula, sindicato o peluquería, donde la conversación más recurrente no gire en torno a esta misma pregunta, generalmente seguida de otras que varía según el grado de formación o sensibilidad de los tertuliamos. Pero la pregunta que retumba en mi mente la hizo un abogado en una reunión casual con algunos colegas esta mañana; el problema no es si quieren acabar con el proceso de paz, sino ¿cómo se puede salvar? exclamó uno de los doctores del derecho presentes, a quien otro inmediatamente respondió, pues si no sabe usted, que es el experto en derecho internacional, no lo sabe nadie.
Entonces, ¿De qué norma o de qué tratado nos debemos pegar para salvar el proceso de paz de Colombia?
El Acuerdo Final del Paz, tal como el derecho y la razón demanda, se encuentra debidamente depositado en la Federación Suiza como Acuerdo Especial derivado del DIH, además, también se encuentra en el Consejo de Seguridad de la ONU tras ser declarado por Colombia como un Compromiso Unilateral de Estado. En lo interno se encuentra debidamente constitucionalizado y normatizado.
Por lo tanto, no hay duda, el Acuerdo de Paz es vinculante y de obligatorio cumplimiento para Colombia, cuyo Estado, que junto a otros de una comunidad de naciones lacayas de los Estados Unidos, ha decidido echar a la caneca de la basura la legalidad internacional. Estos estados ya no solo se dan licencia para invadir países unilateralmente, armar guerras civiles, asesinar periodistas disidentes en sus embajadas, sino que, como lo hemos presenciado las últimas semanas, escogen presidentes de bolsillo en países soberanos y hasta se roban sin pudor ni vergüenza el oro y dinero de las naciones.
El diario El Tiempo publicó recientemente un artículo llamado “Una JEP para rato”, escrito por Jorge Leyva, donde se analiza con certeza jurídica las posibilidades que tiene la JEP para seguir funcionando sin mayores sobresaltos, ante la contingencia de que el presidente Duque le niegue su Ley Estatutaria.
En las últimas semanas, múltiples artículos de opinión han llamado a que el caso contra Jesús Santrich se resuelva en derecho, con autonomía y garantías para todos por parte de la JEP. Decenas de recursos jurídicos ha interpuesto su defensa para garantizar que este reclamo se concrete. Simultáneamente, desde la radio, las redes y la prensa, se pide a los jefes de las antiguas FARC-EP acatar los llamados de la JEP a presentarse a las particulares versiones “voluntarias” de manera personal y obligatoria, que aunque no fueron pactadas en el Acuerdo, dicen que reforzará la legitimidad de la Jurisdicción plantando cara a las sistemáticas críticas del fascismo criollo.
El 9 de abril de 2018, día de la captura de Jesús Santrich, los críticos del Acuerdo de Paz, en medio de la nada coincidencial campaña presidencial, saltaron en coro a decir que la extradición del reconocido negociador de paz insurgente sería la prueba irrefutable de que el Estado estaba cumpliendo los acuerdos con estricto apego a lo pactado. Dura lex sed lex.
Lo que realmente sucedió ese día fue otra cosa muy distinta. Ese día se llevó a una escala superior la campaña de guerra jurídica (lawfare), basada en montajes, emprendida contra los más destacados líderes políticos y militares de las FARC-EP, que para ese momento ya estaba plenamente desarmada. Los ejemplos más claros son el proceso contra El Paisa Oscar, acusándolo ridículamente de haber matado al dueño de Surtifruver para quitarle su negocio, o contra Romaña, a quien acusaron de tener una billonaria cadena de supermercados, denunciada, tampoco casualmente, con trasmisión en vivo de los saqueos a sus almacenes durante la campaña al Congreso. Estas falsas acusaciones están plenamente desvirtuadas, pero aún tienen vida legal en la Fiscalía del nefasto Néstor Humberto Martínez.
El 9 de abril se hizo efectiva la captura mediante montaje al “estelar negociador de paz de las FARC-EP”, Jesús Santrich, luego de que fracasara una similar artimaña contra el jefe de la Delegación de Paz de la insurgencia en La Habana, Iván Márquez. Vale recordar, tampoco es casualidad, que estos dos dirigentes, al someter sus nombres a escrutinio de la militancia, obtuvieron el 1 y 3 puesto según el conteo de votos del congreso fundacional del Partido FARC. Como paréntesis, también conocemos que en esos días estaba fraguando una compleja treta contra Pablo Catatumbo, quien casualmente obtuvo el segundo lugar de esa misma votación. La moñona pretendida tenía como objetivo al menos a los tres dirigentes más votados por la militancia fariana.
Ese 9 de abril de 2018, el Estado concretó los efectos de un montaje que venían fabricando probablemente desde la época de la negociación. Ese día les dijo en la cara a los negociadores de paz y para entonces integrantes de la CISIVI, Jesús Santrich e Iván Márquez, que eran narcotraficantes mientras les señalaba con su mano negra el camino de la extradición. Desde ese 9 de abril hasta ahora nada ha cambiado, al menos no para mejorar.
Para completar el panorama, tras irrumpir en el ETCR de Miravalle (Caquetá), las fuerzas del Estado se darían a la tarea de perseguir durante varias semanas, con acciones militares ofensivas, sin razón legal, y ante la indiferencia de muchos, a Iván Márquez y a Oscar Montero, el Paisa, por los extensos pliegues y filos de las montañas del Caquetá.
Sin hablar acá de los 360 líderes sociales y 85 excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo, de la paramilitarización del país, de la burla a las reformas institucionales y planes planteados en el Acuerdo Final, queda claro que les sobra razón a Iván Márquez y a otros tantos mandos más, cuando afirman que en Colombia la perfidia a la paz ya se encuentra consumada.
Hoy, exceptuando mentes francamente alienadas, pocos dudan que sea un montaje lo urdido contra Jesús Santrich. Lo saben perfectamente quienes suplican por su extradición arbitraria y sin pruebas, a sabiendas del engaño, y que aun así piden ignorar la constitución y solicitan una extradición “rapidito rapidito”, tal como lo expresa por ejemplo Vicky Dávila en La W. Pero como estamos en Colombia, la discusión jurídica gira en torno a las posibilidades legales que tiene el Estado colombiano, e incluso el gringo, para poder lograr la extradición a Estados Unidos pisoteando las garantías establecidas en la JEP.
Por supuesto, tampoco faltan los amigos de la paz, que con indiscutible buena fe, sugieran ante la inminente caída del montaje contra Santrich, que lo que procede es su inmediata libertad y la posesión en el Congreso, a donde deberá llegar cargando la falsa cruz de narcotraficante que le fue impuesta por el Estado. Y obviamente, también es consecuente el inmediato retorno de Iván Márquez y demás ex comandantes, para que asistan a su citación personal y “voluntariamente obligatoria” ante la JEP en Bogotá. Y fin de la historia, acá no pasó nada.
No es difícil comprender que los montajes contra la FARC, claramente planificados y ejecutados, en particular el elaborado contra Santrich, tienen como objetivo destruir la confianza creada, aniquilar a la dirección del naciente partido, someter al chantaje y humillación al conjunto de la antigua insurgencia, es decir, hacer trizas la paz desde sus cimientos.
Tampoco se dificulta concluir que la posible objeción presidencial a la Ley Estatutaria de la JEP lo que ratifica es la decisión política de no avanzar más en la ya precaria implementación de lo acordado, iniciando así su desmonte institucional. Esto además acompañado del debilitamiento de esquemas de seguridad y la suspensión de los subsidios a los reincorporados. Es evidente que la ausencia de proyectos productivos, la continuidad del presidio de más de 300 excombatientes tras dos años de la vigencia de la ley de amnistía y la abrumadora campaña de estigmatización y odio dirigida desde el poder, son la demostración de la nula voluntad del Gobierno de construir la Paz tan anunciada.
El Estado colombiano, ese mismo que desconoce sus compromisos internacionales, que incumple los protocolos firmados con el ELN y países garantes, que arruina la diplomacia y la legalidad internacional promoviendo un golpe de Estado en Venezuela, que se inventa un gobierno espurio y que está decidido a generar un conflicto bélico internacional en nuestro territorio, debe ser el llamado a generar las condiciones para la construcción de una paz estable y duradera.
¿Y la seguridad jurídica, física y socioeconómica de los excombatientes? Ni hablar. Acá no pasó nada, mire al suelo, no pregunte ni mucho menos lloriquee.
Entonces, para responder a los amigos de la reunión de la mañana, ¿Dónde está la norma que permita transformar esa tozuda realidad que demuestra que la confianza, base de cualquier proceso de paz, está absolutamente destruida? ¿Se salvará el acuerdo de paz con alguna acción de tutela radicada ante un juez de paloquemao? ¿O tal vez un recurso ante la CIDH?
Si llegamos a la conclusión que esto no es un mero asunto jurídico, ni de ingenuos actos de fe, ni mucho menos de una engañosa retórica de auto superación, estamos obligados a respondernos ¿Cómo derrotar la perfidia del Estado y salvar el Proceso de Paz? o tal vez simplemente darle la razón a la vecina de la tienda, afirmando con cabeza gacha: acabaron con la paz de este país.
Ojalá encontremos la respuesta y que no duremos otros 50 años en hallarla.
Benedicto González (Alirio Córdoba), militante de la FARC
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