El mito del déficit fiscal y la superstición de la austeridad

Dirigentes empresariales, analistas económicos, tecnócratas y expertos de los organismos multilaterales que hablan en nombre de la técnica y desde el apoliticismo difunden, con insistencia abrumadora, la tesis de que el problema principal de la economía ecuatoriana es el déficit fiscal originado en “un excesivo gasto público”, financiado con los altos precios del petróleo primero y luego, cuando cayó el precio del petróleo, con deuda externa, cuyo pago, se convierte, a su vez, en un nuevo factor del incremento del déficit. Y que, como consecuencia de ello, se torna “inevitable” beber el jarabe del “ajuste económico”, pasar de la “despilfarra” a la “austeridad” como una justa penitencia para los “derrochadores” entre otras supercherías que no tienen nada de técnicas ni de apolíticas.

La contradicción entre ingresos y gastos y la tendencia al desequilibrio en las finanzas públicas es parte inseparable e insuperable de la dialéctica de la economía que se desenvuelve a través de superávits que se transforman en déficit y viceversa.

Existen factores objetivos y subjetivos que inciden en el desequilibrio de ingresos y gastos en el presupuesto general del estado. Entre los factores objetivos destaca uno que es de carácter estructural: el modelo primario exportador de la economía capitalista ecuatoriana. La principal fuente de ingresos para la economía y el fisco depende de los precios de los productos primarios de exportación, particular y principalmente del petróleo, y el precio de este tipo de los productos primarios se caracteriza por su volatilidad y su tendencia a la baja, razón por la cual el riesgo de pasar del superávit al déficit es permanente, tanto en el presupuesto como en la balanza comercial y de pagos.

Otro factor objetivo que incide en la tendencia del gasto a crecer más rápido que los ingresos está relacionada con los elevados niveles de pobreza y pobreza extrema, desempleo y subempleo, déficit de infraestructura sanitaria y servicio de agua potable, especialmente en las zonas rurales, desigualdad social, desnutrición infantil, etc. etc., que caracteriza a la sociedad. Problemas generados por la economía de mercado sustentada en la explotación del trabajo y la concentración del ingreso y la riqueza en pocas manos que obliga al Estado a intervenir para a través de políticas tributarias, entre otras, preservar el sistema pero que los capitalistas individuales no alcanzan a comprender.

Los factores subjetivos que inciden en el desequilibrio de las finanzas pública están relacionados con la gestión de los gobiernos. En primer lugar, la ineficiencia para controlar y castigar la evasión y elusión tributaria. Los gobiernos no solo que se hacen de la vista gorda sino que cada cierto tiempo, como ha sucedido en 5 ocasiones en los últimos 10 años, perdonan el pago total o de multas e intereses a los deudores tributarios, creando un pésimo precedente que destruye la confianza de la población en el sistema. En la estadística latinoamericana, Ecuador se encuentra entre los países de más alta evasión de impuestos: más del 30% en el IVA y más del 60% en el impuesto a la renta practicada, principalmente, por empresas y profesionales “en libre ejercicio de la profesión”.

En segundo lugar, la ineficiencia de los gobiernos para controlar, evitar y combatir la corrupción en las compras y contratos que firman los mismos gobiernos con empresas privadas, nacionales y transnacionales, que en el período de la llamada “revolución ciudadana”, incluido el actual gobierno, alcanzó niveles alarmantes. Corrupción galopante que – hay que insistir- hubiera pasado desapercibida de no ser por la acción de la justicia brasileña que destapó el sistema corrupto de ganar licitaciones por parte de la transnacional brasileña ODEBRECHT, misma que mediante el sistema de delación a cambio de rebaja en las condenas, permitió conocer, aunque sea parcialmente, la lista de funcionarios del gobierno ecuatoriano que recibieron coimas a cambios de contratos.

Los grandes beneficiarios de la corrupción en la contratación pública, la gran “despilfarra”, de la que habla un dirigente de los comerciantes importadores de Guayaquil, han sido, son y serán: los altos funcionarios de los gobiernos que contratan, los empresarios nacionales y extranjeros contratados y los banqueros encargados de blanquear los dineros mal habidos (ninguno de los cuales está procesado judicialmente). ¿Por qué tenemos que pagar “todos” los ecuatorianos el robo de unos pocos, con alzas de precios de los combustibles, del transporte, de las tarifas de luz, rebaja de salarios, más desempleo, menos estabilidad laboral y menos asignaciones para salud y educación?

De tal suerte que no se trata tan solo del “excesivo gasto público en burocracia” o de la “elevada masa salarial” del sector público”, que repiten como estribillo los economistas especializados en análisis unilaterales: ven el árbol pero no el bosque. Es verdad que el sistema de selección de empleados y funcionarios públicos es deficiente y por ello sufre la población con servicios públicos también deficientes, lo que requiere adoptar medidas para transparentar la selección y la periódica evaluación de desempeño de los servidores públicos, pero también, como lo han señalado varios analistas: “la eliminación de latisueldos y prebendas de los altos funcionarios, menos publicidad innecesaria y cero viajes inútiles dentro y fuera del país”

El fin último de la ciencia económica y de la política económica no son los equilibrios macroeconómicos sino el bienestar de la población. A los economistas de la derecha se les reconoce no solo por el unilateralismo sino también por confundir los medios con los fines.

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